Los jueces serán todo lo independientes que se quiera, pero es evidente que, como todo hijo de vecino, tienen ideología, y que salvo honrosísimas excepciones, una mayoría aplastante de ellos la profesan claramente de derechas, cuando no de pura extrema derecha.
Sentencias como la que acaba de emitir un juez en relación con el "caso Bono", demuestran que la democracia dista mucho de haber llegado a los aparatos judiciales españoles.
Todo en éste caso apesta. Hubo agresión a una autoridad del Estado, filmada por cámaras de televisión. Como consecuencia de ella, se detuvo a dos sospechosos que fueron retenidos en comisaría durante cuatro horas, sospechosos que en ningún momento fueron esposados, ni fichados, ni fotografiados, ni por supuesto golpeados ni torturados de forma alguna (por cierto, infinidad de sentencias por torturas en dependencias policiales han recibido penas mucho más leves), y a los que se permitió hacer las llamadas por móvil que les dió la gana.
Para quien no entienda la dureza extrema de las penas impuestas, un recordatorio: el testimonio de uno de los policías condenados en este caso redujo a la nada la infamia lanzada por los intoxicadores mediáticos al servicio del PP en relación con la bolsa de deportes (no mochila) que no explotó el 11-M, y que según EL MUNDO y la COPE fue puesta allí por la policía para crear pistas falsas. Está claro que a ese hombre le han pasado factura.
En cuanto a la personalidad y actuación del juez del caso, Carlos Valle, basta repasar su carrera y la forma en que ha conducido este caso para acreditarle como un ultra de derechas cuya "imparcialidad" ha sido repetidamente cuestionada en éste y en otros casos en los que ha intervenido.
Pero es que incluso desde el punto de vista estrictamente legal, no hace falta ser un experto en derecho para considerar impresentable y presuntamente prevaricadora esta sentencia. El señor juez escribe en ella, por ejemplo, que no se ha podido probar que existiera inducción de algún responsable político a la actuación de los policías, para inmediatamente afirmar que sin embargo tiene la "leve sospecha" (sic) de que sí la hubo. Toda sentencia judicial, y más cuando se dictan penas tan graves a través de ella, debe estar necesaria y exclusivamente fundamentada en hechos probados, jamás en sospechas; la indefensión de los acusados que produce semejante manera de basarla, simplemente la anula. Esta es pues una sentencia política, emitida con una clara intención política y basada en prejuicios ideológicos. Eso, en derecho, se llama prevaricación. Un pronóstico: a la larga o a la corta, Valle acabará como Gómez de Liaño.
Y por cierto, si algo positivo tiene esta sentencia, es que crea jurisprudencia. Si por la detención supuestamente ilegal durante unas horas de dos personas implicadas en el intento de linchamiento del ministro Bono les ha caído lo que les ha caído a los policías que la llevaron a cabo, ¿qué sanción ejemplar se impondrá a los guardias civiles acusados en el caso Roquetas, aquél suceso en el que un ciudadano entró por su propio pie en un cuartelillo y salió cadáver tras recibir una brutal paliza (parte de ella filmada y ante testigos) en las beneméritas dependencias?.