A principios de 2005 el comisario (liberal) holandés Frits Bolkestein propuso la adopción de una directiva (es decir, una ley de alcance europeo, cuya aplicación es obligatoria para todos los Gobiernos de los países que integran la Unión Europea), que viene a consagrar la deriva mercantilista que en los últimos años ha ido tomando el proyecto europeo, en claro detrimento de los aspectos más puramente políticos y, sobre todo, de los sociales.
La Directiva Bolkestein privatiza de facto la mayoría de los servicios públicos que presta cualquier Estado, considerándolos como productos susceptibles de regirse por las mismas normas que se aplican a la competencia económica entre empresas privadas. En suma, pronto la educación, la sanidad, las pensiones, la asistencia social… serán tratadas como productos mercantiles.
Pero no se queda aquí. En la práctica, de llegar a aplicarse, esta directiva comportará la desregulación galopante de los derechos de los trabajadores en relación con su empleador, y la esclavitud del consumidor en relación con el prestador del servicio del que por fuerza es usuario, así como una caída vertical en la calidad de la producción de bienes y servicios. Tal grado de desprotección ciudadana amenaza con convertir las relaciones sociales europeas en abiertamente tercermundistas.
Para quien no crea que las repercusiones pueden llegar a ser tan brutales, incluso a corto plazo, pondré dos ejemplos.
En primer lugar, si se implanta esta directiva las empresas se regirán a todos los efectos –laborales, fiscales, administrativos y económicos- por las leyes del país en el cual tengan establecida su sede central, y no por las del país donde desarrollen su actividad. Se abre la puerta así a la deslocalización no ya de centros de producción, sino de los propios centros de decisión empresariales; un modo de hurtarse a los "rígidos controles" que imperan en los países europeos avanzados, y de refugiarse en la laxitud legal (y la corrupción generalizada) que puede ofrecerles el este de Europa.
Una segunda consecuencia de la directiva Bolkestein es, por lo que hace a los trabajadores, que se permitirá que para prestar un servicio, pongamos en Alemania, se contrate a una empresa polaca, la cual facilitará los trabajadores que realizarán esa actividad laboral en territorio alemán. La novedad que introduce Bolkestein, como decía, es que las leyes bajo las que se regirá la prestación laboral de esos trabajadores polacos no serán las imperantes en Alemania, sino las de su país de origen; lo cual, evidentemente, tendrá una enorme repercusión en los salarios que se paguen y en las condiciones generales en las que se realice el trabajo.
Incluso los trabajadores de los países europeos occidentales se verán afectados. Supongamos que Volkswagen decide trasladar su sede central a Eslovaquia: las relaciones laborales (salarios, despidos, horarios, etc) de los trabajadores españoles o alemanes de sus plantas en España o Alemania, pasarían inmediatamente a regirse según lo que el Estado eslovaco -nada modélico en materia social, como es sabido- determine para su país… tras ser previamente engrasado por las empresas occidentales trasladadas a territorio eslovaco.
En definitiva, se intenta competir con los países emergentes del Tercer Mundo usando sus mismas armas: mano de obra barata, generación de plusvalías inmensas, y la corrupción como lubricante de todo el sistema.
Los sindicatos europeos han calculado que en breve Bolkestein podría regir el 50% de la actividad económica de la UE. El dumping social está servido.