Recién finalizada la campaña española de la Declaración del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio 2004, el catedrático de Políticas Públicas Vicenç Navarro tuvo otra de sus demoledoras intervenciones en televisión. Durante una entrevista en el Canal 3/24 de Televisió de Catalunya emitida en la noche del pasado 15 de julio, afirmó que las rentas más altas de este país sencillamente no pagan los impuestos que les corresponden.
Según Vicenç Navarro, en Catalunya y en España son las clases trabajadoras y populares las que soportan todo el peso del sistema fiscal, y por consiguiente quienes mantienen con sus impuestos el Estado del Bienestar español: la educación y sanidad públicas, la asistencia social y las pensiones, por tanto, las pagan estas clases sociales entregando al Estado una parte considerable de las rentas conseguidas por su trabajo. Por el contrario, empresarios y profesionales rehúyen sus obligaciones con la comunidad y, en la medida de las posibilidades de cada cual, defraudan sistemáticamente al fisco.
Durante la entrevista, Navarro sostuvo que el fraude fiscal en España equivale anualmente al 10% del PIB español. Es decir, el total de lo que se defrauda representa una décima parte de toda la producción del país en un año. Se trata de una bolsa de fraude sin parangón en la Unión Europea (al menos hasta la reciente ampliación de la UE a países del este de Europa recién convertidos al capitalismo más ortodoxamente salvaje).
Un dato que refrenda las afirmaciones de Navarro y que da idea de la gravedad del problema –y hasta de su aspecto tragicómico-, es que en España desde que se instauró la obligatoridad de la declaración de la renta, pronto hará tres décadas, el promedio de ingresos anuales declarado por los trabajadores asalariados resulta ser año tras año superior al declarado por los empresarios. Un caso único en el mundo.
A pesar de ello, viene a decir Navarro, y en contra las “profecías” interesadas lanzadas por los intereses empresariales que promueven la privatización de servicios básicos como la enseñanza, la asistencia y la sanidad, la viabilidad futura del sistema de pensiones está garantizada, precisamente gracias a que su financiación recae sobre los asalariados, sus futuros beneficiados en última instancia. En cierto modo, la no contribución de las clases medias-altas y altas al bienestar común ha ido consolidando entre quienes sí sostienen esos servicios públicos la conciencia de que su aportación les convierte en propietarios exclusivos de los mismos, haciéndoles además más conscientes de la importancia que tienen para su propio futuro individual y familiar.
Como colofón, sostiene Navarro que la mejora económica del sistema actual de pensiones pasa, por tanto, por el combate decidido contra el fraude que protagonizan los que más tienen: una política de represión fiscal que ponga a todos frente al cumplimiento ineludible de sus obligaciones para con la comunidad. Pero también, paralelamente, por una reforma a fondo del “mercado laboral” que facilite la incorporación al trabajo de sectores de la población actualmente ausentes de él, y que con sus aportaciones contribuirían a incrementar el caudal de fondos necesarios. Navarro se refiere en concreto a 6.000.000 de mujeres españolas –de ellas, 800.000 catalanas-, que se encuentran en condiciones de incorporación inmediata al mundo del trabajo con plenas garantías formativas y de capacitación; su contribución aumentaría significativamente los ingresos de la Seguridad Social y permitiría incluso reducir la presión fiscal global sobre las rentas del trabajo.
Naturalmente los empresarios prefieren seguir contratando inmigrantes -mejor si son ilegales- o jóvenes con contratos-basura, a los que pagan sueldos más bajos y es fácil mantener en peores condiciones laborales.
Una vez más, los intereses particulares de las clases sociales altas resultan divergentes de los intereses colectivos.