El Centro de Estudios de Opinión, auspiciado por la Generalitat de Catalunya (gobierno autónomo catalán), acaba de hacer público su primer Barómetro. Con esta iniciativa se pretende tomar periódicamente el pulso a las más importantes cuestiones de índole política y social locales, y medir su interés para el conjunto de la población catalana.
Las conclusiones de esta primera aproximación oficial al universo mental sociopolítico de los catalanes son, como mínimo, soprendentes.
Dejando aparte el relativo interés que puedan ofrecer las alternativas respecto a los puntos o décimas que suben y bajan partidos políticos y líderes en cuanto a su apreciación ciudadana, el material verdaderamente interesante lo suministra el grado de preocupación existente sobre los problemas de esta sociedad y su ordenación en una jerarquía de importancia.
Así, resulta que el principal problema a escala general para los catalanes es la precariedad laboral, seguido por la inmigración y el acceso a la vivienda. Tres problemas sociales de enjundia, como puede verse. Y tres problemas universales, presentes en todas partes, al menos a nivel español.
A continuación de éstos vienen problemas como la sanidad, la economía, la educación…Problemas sociales significativos, asimismo.
Mucho más atrás, en el puesto 11º, figura la necesidad de un nuevo Estatut de Autonomía. Y aún mucho más atrás, en el puesto 24º, figura la nueva financiación autonómica. Precisamente los dos asuntos que absorben por completo a nuestros políticos desde hace muchos meses, y cuya presencia en los medios de comunicación es avasalladora….y que, sin embargo, a la gente corriente parecen preocuparle muy poco.
Una vez más se confirma la nula sintonía entre el país real, el de los ciudadanos preocupados por sus problemas reales, y el de los políticos, centrado en cuestiones que escapan a la realidad. En definitiva, problemas sociales frente a planteamientos ideológicos (entendida la expresión "ideología" en el sentido marxista del término, es decir, como superestructura destinada a legitimar la organización social).
La distancia se agudiza cuando el Barómetro se acerca a los problemas que afectan directa y particularmente a cada ciudadano. El 25’9% señalan el paro y la precariedad laboral como primera preocupación, en tanto el euro lo mencionan el 16%; en los primeros puestos aparecen asimismo temas como la conciliación de la vida laboral y familiar, o el terrorismo. El nuevo Estatut y la financiación autonómica quedan en el último puesto de esa lista, y sólo el 0’4% de los catalanes los consideran como prioritarios para ellos mismos.
Aún más sorprendente es que entre los votantes de las distintas formaciones políticas catalanas, la financiación autonómica –gran caballo de batalla de los dirigentes nacionalistas catalanes- preocupe sólo a un 29’9% de los votantes de la independentista ERC y tan sólo al 16% de los votantes de la nacionalista CiU; no es extraño por tanto que apenas el 8’1% de los votantes socialistas se sienta preocupado por ese asunto. Y sin embargo, llevamos meses en que las energías públicas y el espacio en los medios de comunicación se orienta de modo absolutamente preferencial a difundir cuán imprescindible es.
En aparente contradicción con todo lo hasta aquí expuesto, el 52% de los catalanes cree que su país tiene un grado de autonomía insuficiente, el 63% que los impuestos deberían ser recaudados por el órgano de gobierno autonómico, y el 80% que Catalunya es muy o bastante solidaria económicamente con el resto de España. Obviamente se trata de apreciaciones ideológicas –no hacen referencia a problemas sociales de conjunto o particulares, sino a supuestos opinables-, totalmente influidas por las declaraciones de los políticos y la acción de masaje mediático de los medios de comunicación (al igual que sus opiniones contrarias: véase el despliegue en los medios nacionalistas españoles en el sentido de que el grado de autonomía catalana es excesivo, que los impuestos han de ser recaudados exclusivamente por el Estado o que los catalanes son unos egoístas insolidarios).
De todo ello se deduce que la brecha entre el país real y el país oficial se sigue agrandando de día en día, a pesar de los denodados esfuerzos que se hacen para substituir la realidad por la ideología. Lo cual, dicho sea entre paréntesis, no parece sostenible de modo indefinido como ejercicio que centre la acción política simultánea de gobierno y de oposición, al menos vista la entidad y hondura de los problemas sociales detectados por los propios ciudadanos.
Cabe preguntarse, en todo caso, si el recurso a la ideología como modo de gobernar (y de oponerse a la acción de gobierno) no será sino una forma de huir de los problemas reales para no tener que afrontarlos.